Política
El Tribunal confirma la culpabilidad de implicados en un esquema de cohecho vinculado al proyecto Coca Codo Sinclair, avanzando con la lectura de la sentencia para establecer responsabilidades.
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El Pleno del CPCCS admitió tres nuevas apelaciones contra aspirantes a la Fiscalía, sumando 41 casos en trámite mientras se fija la agenda de audiencias.
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Familiares denuncian que José Serrano fue trasladado desde el centro Krome al Ecuador sin previo aviso, alertando a organismos internacionales sobre la falta de transparencia en el proceso migratorio.
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Ante un entorno global que pone en riesgo valores consolidados, se destaca la urgencia de que el Ecuador alcance acuerdos esenciales para garantizar su supervivencia institucional y social.
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El presidente Daniel Noboa y la secretaria Irene Vélez informaron sobre las acciones del Gobierno en seguridad fronteriza y economía durante una entrevista oficial.
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La Corte Constitucional desestimó la acción de protección de Mahuad en 2025, manteniendo abierto el debate sobre el peculado y la responsabilidad patrimonial del expresidente.
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Análisis sobre la renovación democrática en el Guayas, destacando la necesidad de reducir la verticalidad institucional para fomentar una mayor participación horizontal y eficiencia estatal.
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Un centenar de denuncias impulsan investigación legislativa sobre supuestos aumentos salariales injustificados a alcaldes y prefectos; informe final se debe presentar antes de fin de septiembre.
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La ONU reafirma que las islas son un territorio en disputa y pide a Argentina y el Reino Unido resolver el conflicto mediante negociación.
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El Gobierno ecuatoriano, a través de su canal oficial, anuncia que más familias acceden a título de propiedad, fortaleciendo el patrimonio familiar y formalizando la vivienda.
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El desarrollo de Guayas depende de combatir la inseguridad y el odio mediante un estado eficiente que garantice la seguridad ciudadana y el libre mercado como motores de progreso.
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El jueves, la Asamblea Nacional inició el debate de una nueva ley que endurece las penas contra mafias, con cárcel de hasta 30 años para cabecillas y financistas, crucial para la seguridad en Guayas.